La crisis de desapariciones en Baja California sigue marcada por la negligencia de las autoridades, acusan colectivos de búsqueda que, además de señalar a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la falta de procesos adecuados, han sido ellos mismos quienes proponen las soluciones.
Entre la burocracia paralizada, inspecciones lentas y más de una década de espera, las familias denuncian la indiferencia oficial y el incumplimiento de promover justicia.