En las últimas semanas, publicaciones en redes sociales dieron a conocer el caso de Alyssa Radford, una mujer presuntamente investigada en tres estados de Estados Unidos Nueva Jersey, Maryland y Minnesota por supuestamente cobrar la manutención de su hijo a tres hombres distintos por el mismo menor. De acuerdo con las versiones viralizadas, la mujer habría recibido más de 3 mil 200 dólares mensuales durante seis años, hasta que las autoridades estatales involucradas “comenzaron a comparar información”.
El caso se hizo viral
Las publicaciones, difundidas originalmente en julio, utilizan un tono sarcástico para describir la situación, asegurando que “el bebé tuvo más papás que un espectáculo universitario” y que la sospechosa habría convertido el sistema de manutención en “su OnlyFans personal”. Sin embargo, no existen registros judiciales públicos que confirmen investigaciones formales o cargos, por lo que la información permanece en el terreno de lo alegado.
Más allá del caso viral, es importante comprender cómo funciona realmente el sistema de manutención infantil en Estados Unidos. El marco legal está regulado por la Ley Uniforme de Apoyo Familiar Interestatal (UIFSA), diseñada para evitar órdenes duplicadas entre estados. Esta normativa establece que solo puede existir una orden controladora por menor, y coordina la actuación de fiscalías y agencias estatales bajo la supervisión federal de la Oficina de Servicios de Manutención Infantil (OCSE).
El OCSE mantiene bases de datos nacionales, como el Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones, que permite cruzar información laboral para identificar deudores, evitar pagos duplicados y armonizar órdenes emitidas en distintos estados. Las guías de esta oficina detallan cómo deben resolverse los casos interestatales y qué hacer cuando se detectan órdenes incompatibles o posibles fraudes.
Estudian el caso para un proceso penal por fraude
En la práctica, las agencias estatales incluidas las de Maryland y Minnesota centralizan reportes de discrepancias, actualizan expedientes y coordinan acciones judiciales cuando es necesario. Si se confirmara un caso de fraude, las sanciones pueden incluir restitución de pagos indebidos, modificación de órdenes, e incluso procesos penales por falsedad o estafa.
El sistema cuenta con más de 30 millones de casos activos a nivel nacional, y su funcionamiento depende del intercambio constante de información para detectar irregularidades y proteger a los menores involucrados.
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