La violencia en Baja California ha cobrado un alto costo entre la población infantil y adolescente. Tan solo en 2024, se registraron 47 homicidios de menores de edad en el estado, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, mientras que en los últimos ocho años han sido asesinados al menos 425 menores.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 2 de julio en San Quintín, donde la menor Keila Nicole, de 13 años, fue reportada como desaparecida y localizada sin vida un día después. Su cuerpo fue hallado decapitado y desmembrado en una zona despoblada.
El presunto responsable, un adolescente de 16 años, confesó el crimen, alegando haber sido influenciado por una serie de televisión. A pesar de la gravedad del caso, crece la percepción de negligencia y falta de prevención por parte de las autoridades estatales.
A esta tragedia se suman otros casos recientes. En enero de este año, una niña de 2 años murió en Tijuana tras ingresar al hospital con signos evidentes de maltrato infantil. La madre y el padrastro fueron detenidos como presuntos responsables.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han denunciado que las omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez, contribuyen a que los menores continúen siendo víctimas de homicidios, y desapariciones.
La exigencia de justicia crece entre familiares de víctimas y colectivos que demandan que los crímenes contra menores no queden impunes.
Suspenden cirugías y consultas en hospitales públicos de Baja California por falta de insumos
