En el Hospital General de Tijuana, pacientes y familiares denuncian meses de desabasto, falta de personal y elevadores fuera de servicio, condiciones que complican la atención médica. Mientras los tratamientos se retrasan, aseguran que algunas familias deben gastar miles de pesos para cubrir necesidades que no logran resolver en el hospital. La situación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿cómo se garantiza el derecho a la salud cuando recibir atención también representa un fuerte gasto para los pacientes?