Carlos Alberto Torres Torres recurrió a la justicia federal para combatir el bloqueo de sus cuentas bancarias en México, luego de ser incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California, con sede en Mexicali, negó la suspensión provisional solicitada por Torres dentro del juicio de amparo indirecto 1161/2026.
Impugna bloqueo de cuentas Carlos Torres Torres
El recurso busca controvertir su incorporación a la lista de Hacienda, la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el bloqueo de dos instrumentos financieros en su banco: una cuenta preferente y una cuenta de inversión.
La medida fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante el acuerdo 471/2026, después de las investigaciones y los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.
En su demanda, Torres Torres alegó desconocer formalmente las causas del procedimiento y cuestionó la constitucionalidad de la legislación, al argumentar que no establece plazos máximos de permanencia en la lista ni parámetros claros para eliminar a una persona de ella.
La resolución del 22 de octubre determinó que el desconocimiento manifestado por el promovente no invalida por sí mismo la actuación administrativa. El juzgado también consideró que la suspensión no procedía ante las disposiciones de orden público e interés social involucradas.
La negativa no resuelve de fondo el amparo, sino que mantiene la medida mientras continúa el procedimiento judicial.
El juzgado solicitó informes a las autoridades señaladas como responsables y programó para el 29 de octubre la audiencia incidental en la que se resolverá sobre la suspensión definitiva. La audiencia constitucional quedó prevista para el 24 de noviembre.
Torres fue incluido en las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que lo señaló por presuntamente brindar apoyo al Cártel de Sinaloa. Estos señalamientos corresponden a autoridades estadounidenses y no constituyen, por sí mismos, una sentencia penal.
