En medio de las recientes acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, autoridades de Estados Unidos habrían solicitado la extradición de funcionarios mexicanos, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición fue recibida el 28 de abril de 2026, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Solicitudes de extradición desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 28 de abril a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) se recibieron solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Aunque no se mencionaron nombres de forma explícita, estas peticiones coinciden con los recientes señalamientos realizados por la Fiscalía de Estados Unidos y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué se sabe sobre el caso de extradición de Rocha Moya?
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que no cuenta con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas incluidas en las solicitudes.
Por ello, será la Fiscalía General de la República quien analice la existencia de pruebas dentro del sistema jurídico mexicano y defina la viabilidad de las solicitudes de extradición.
Acusaciones formales y funcionarios señalados por vínculos con el narcotráfico
En paralelo, autoridades de Estados Unidos, junto con la DEA, dieron a conocer una acusación formal contra diversos funcionarios, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez (“alias Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“alias Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (“alias Juanito”).
Todos ellos son señalados por presuntos delitos de tráfico de drogas y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las investigaciones, los acusados presuntamente habrían conspirado con líderes del cártel para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
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