El manto de impunidad que solía cubrir al poder político en Baja California ha comenzado a desgajarse. Como publicó el columnista Héctor de Mauleón, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe demoledor al sancionar a una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, un entramado que rodea al grupo morenista en el estado BC. Aunque la gobernadora Marina del Pilar Ávila no figura formalmente en la lista de la OFAC tras presuntas gestiones para negociar ante autoridades estadounidenses, el esquema trazado coloca a sus allegados en el epicentro de la narcocorrupción.
El señalado es Carlos Torres Torres, exesposo de la mandataria y operador político en la entidad, señalado por la OFAC de recibir 150 mil dólares mensuales a cambio de favores políticos para Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, recursos presuntamente lavados por su hermano Luis Alfonso. A la par, el entramado comercial de René Arzate García, “La Rana”, conecta con empresarios como Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Fernando Salgado Chávez —este último ligado tanto al CJNG como al financiamiento de campañas morenistas y a la propia gobernadora—, favorecidos con contratos millonarios y reservados por parte del gobierno estatal y municipalidades.
Sin embargo, las repercusiones trascienden la administración en funciones, pues según expone De Mauleón, las sanciones colocan en una posición de extrema vulnerabilidad a Julieta Ramírez, aspirante a la gubernatura de Baja California. Su principal operador y financiador de campaña, el exfuncionario aduanero Rafael Buenrostro, figura entre los sancionados por brindar influencia política e interlocución con las esferas del poder a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”.
Baja California enfrenta una severa crisis, pues la investigación internacional confirma la corrosiva infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.
