Entre marzo y julio de 2025, autoridades retiraron al menos 629 cámaras de videovigilancia instaladas presuntamente por grupos criminales en Ensenada y Playas de Rosarito. Estos dispositivos estaban colocados en árboles, cableado público y fachadas de viviendas.
Organizaciones civiles exigen una investigación profunda y mayor control sobre las redes de videovigilancia estatal.