La presencia de más de 600 cámaras de videovigilancia apócrifas instaladas en diversas ciudades de Baja California revelaron el control territorial por parte de organizaciones criminales, así como una omisión por parte de las autoridades estatales encargadas de garantizar la seguridad pública.
Durante operativos realizados entre marzo y junio de este año, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC BC) y policías municipales, desmantelaron un total de 629 cámaras en los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, utilizadas presuntamente por grupos criminales para espiar y anticipar movimientos de las fuerzas del orden, reportaron medios locales.
Estos dispositivos estaban colocados en postes de luz, árboles, cableado público y en fachadas de viviendas, conformando una red de vigilancia paralela al estilo de un C5 delictivo.
A la fecha, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California a cargo de Laureano Carrillo, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza, Ma. Elena Andrade Ramírez, han informado de personas detenidas ni de sanciones contra funcionarios que pudieron haber permitido la colocación de estos dispositivos.
En este contexto, organizaciones civiles exigen una investigación profunda, sanciones penales contra responsables y la urgente revisión del sistema de videovigilancia estatal, que ha quedado comprometido ante el avance del crimen organizado.
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