Durante el primer semestre de 2025, Baja California ha registrado un aumento en denuncias por abuso de autoridad, violencia y extorsión cometidos por elementos policiacos, principalmente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y policías municipales. A pesar de los compromisos públicos del gobierno estatal, las acciones para prevenir y sancionar estos hechos han sido limitadas y poco efectivas.
De acuerdo con información revelada a medios locales por el propio titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, se encuentran bajo investigación 23 posibles casos de abuso cometidos por elementos de la FESC, incluso sin denuncias formales, gracias a evidencias en redes sociales y medios digitales.
Las víctimas de estos abusos han sido en muchos casos personas migrantes, turistas y ciudadanos comunes detenidos arbitrariamente en retenes.
A pesar del número de investigaciones abiertas, el nivel de impunidad es evidente cuando solamente el 12.2 % de los casos penales en Baja California se resuelven, lo que significa que casi 9 de cada 10 quedan sin sanción efectiva, según el más reciente informe de México Evalúa.
Ante este panorama, activistas, ciudadanos y víctimas demandan una depuración real de las corporaciones policiales y voluntad política para terminar con años de prácticas abusivas y discriminatorias en Baja California.
Detectan más de 600 cámaras del crimen organizado en Baja California
