Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que, dos de cada diez personas mayores de 12 años que usan internet en Baja California han sido víctimas de ciberacoso.
En el caso de las mujeres, el porcentaje asciende al 42.3 %, según el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI. Este estudio revela prácticas como amenazas, insultos, difusión de contenido íntimo sin consentimiento e insinuaciones sexuales a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, son parte del ciberacoso.
Sin embargo, aun cuando hay datos sobre la incidencia de este delito, Baja California carece de una Fiscalía especializada en delitos cibernéticos, y los casos rara vez son investigados o judicializados. La alta cifra de impunidad ha sido documentada por el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que indica que más del 88 % de los delitos en el estado no se denuncian o no derivan en una investigación formal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California con Laureano Carrillo al frente, son las autoridades responsables de no contar con personal capacitado, protocolos de actuación ni infraestructura tecnológica para atender los casos de violencia digital.
Organizaciones civiles y activistas digitales exigen que el gobierno estatal priorice la creación de una unidad especializada contra el ciberacoso, impulse reformas legislativas y fortalezca la capacitación de agentes del Ministerio Público y policías cibernéticos.
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