En Baja California, los asaltos al transporte público se han convertido en un problema creciente que, según transportistas y usuarios, la autoridad estatal no ha atendido con la urgencia necesaria.
El caso más reciente ocurrió el 5 de agosto de 2025, cuando un hombre identificado como Cristofer Ramón “N” amenazó con un cuchillo al conductor de una unidad en la colonia Villa del Real, Tijuana, y lo despojó del vehículo. Tras una persecución, fue detenido por la Policía Municipal y entregado a la Fiscalía General del Estado.
Otro caso se registró en febrero de este año, a través de un video difundido en redes, se mostró cómo pasajeros frustraron un intento de asalto en un camión del Corredor Agua Caliente, a plena luz del día. Aunque el Ayuntamiento de Tijuana negó inicialmente el incidente, después fue confirmado por el Instituto de Movilidad Sustentable.
Alrededor de 300 operadores de transporte público son víctimas de asaltos cada semana en la entidad, así lo indicó el titular de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Por otra parte, la falta de de denuncias por parte de transportistas, esconden una cifra negra que podría llegar a miles de casos, según lo dicho por los mismos choferes a diversos medios de comunicación en la región; una de las causas para no denunciar es porque no existe confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez.
Pese a las denuncias, los afectados acusan falta de coordinación y transparencia entre los distintos niveles de gobierno, así como la ausencia de medidas preventivas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado, a cargo de Laureano Carrillo.
Transportistas, han referido a medios de comunicación locales, que han exigido ser incluidos en las mesas de seguridad estatal, pero hasta ahora no se ha implementado un plan integral para reducir la violencia en el transporte público.
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