Las imágenes muestran la cruda realidad que enfrenta el periodismo en Baja California. El comunicador Jorge Heras es emboscado y golpeado por dos sujetos justo en la puerta de su estudio… no fue un robo, fue un ataque directo con un mensaje claro.
“Dos personas me estaban esperando a mí, simulaban que estaban trabajando a un lado. Simularon que me pedían agua, se acercaron y cuando yo intenté meterme a la productora me asentaron el golpe en el rostro, buscaban mi cara. Yo temo cuando veo que uno de ellos como que amaga queriendo sacar algo y es cuando volteo, me resbalo por las condiciones de la tierra, ahí es cuando caigo y ahí me empiezan a agarrar a patadas y uno de ellos me dice ‘bájale de huevos Heras’”, relató Jorge Heras, periodista agredido.
Esta agresión no es un hecho aislado, es la violenta culminación de un hostigamiento que el propio Heras ya había denunciado públicamente el pasado 4 de agosto... Su trabajo, que exhibe corrupción y abusos en la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), lo puso en la mira de una corporación bajo el mando del gobierno estatal.
“Para que bajaran las páginas, reportar las páginas de información que tenemos en redes sociales tanto las personales de Villalobos informa, Jorge Heras periodista y la de ciudad capital, como medida de represión o como una acción de contención por los señalamientos ilegales que ha venido haciendo la FESC en Mexicali”, destacó Heras en un video del 4 de agosto cuando le bajaron sus páginas web.
Frente a la contundencia de las acusaciones que apuntan a su propia policía, el gobierno estatal responde con el discurso habitual… la Fiscalía de Baja California a cargo de María Elena Andrade Ramírez asegura tener avances y promete una investigación a fondo, un compromiso que se ha escuchado en agresiones pasadas con pocos resultados.
El saldo del actual gobierno, según la organización artículo 19, es de casi una veintena de agresiones a periodistas. Esto incluye los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en 2022, cuyas investigaciones siguen sin esclarecer a los autores intelectuales; el incendio del vehículo de Yolanda Caballero en 2024; amenazas contra Adela Navarro del Semanario Zeta y el documentado hostigamiento institucional contra Dianeth Pérez Arreola este mismo año.
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