Baja California enfrenta una crisis habitacional con un rezago estimado entre 450,000 y 475,000 viviendas, de las cuales alrededor de 220,000 corresponden solamente a Tijuana. Este déficit afecta principalmente a familias de bajos ingresos y trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos, que no pueden acceder a una vivienda digna.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado informó que la demanda de vivienda social supera significativamente la oferta: apenas el 25 % de los desarrollos en Baja California son de interés social, y se estima en 280,000 viviendas solicitadas en Infonavit, sin suficientes viviendas disponibles.
Pese a programas de vivienda impulsados por el gobierno estatal, la problemática continúa creciendo sin que las soluciones se vean visibles.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano, y Reordenación Territorial (SIDURT) es la entidad estatal responsable de planificar y ejecutar las estrategias de vivienda social. Su titular, Arturo Espinoza Jaramillo, debería supervisar la implementación de los programas estatales de vivienda y coordinar las acciones con municipios y otros niveles de gobierno, sin embargo, estas acciones han sido lentas.
Complicado panorama para alcanzar las metas
Existe un gran desajuste entre la demanda y la oferta: se requieren 300,000 viviendas financiadas aptas para la población de ingresos bajos, señaló previamente el titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en Baja California, Saúl Osnaya López.
Además, la mayoría del territorio disponible no tiene infraestructura adecuada ni está ubicado cercano a servicios, reduciendo su viabilidad habitacional, refirió el ex presidente del Colegio de Ingenieros, Fidel Pérez Velarde.
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