En Tijuana y Baja California, la extorsión a comercios se ha convertido en un delito frecuente, aunque pocos casos se denuncian oficialmente. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro en el país, debido al temor a represalias y la desconfianza en las autoridades.
“Este tema está a flor de piel entre los empresarios y muchos negocios han sufrido extorsión, incluyendo turistas que han sido víctimas”, indicó Luis Fitch, representante empresarial
Empresarios locales aseguran que la prevención se ha convertido en parte de la rutina diaria de los comercios. Entre las estrategias se incluyen cámaras de seguridad, protocolos internos y atención constante al entorno. Empresarios comentan que aunque no ha sido víctima directa, conoce a clientes y colegas que sí han recibido llamadas de extorsión, por lo que se mantienen alerta.
“No he vivido la extorsión, gracias a Dios, pero sí conocemos casos de empresarios y clientes que sí han recibido llamadas de extorsión. Por eso estamos pendientes y tomamos todas las medidas precautorias para evitar que nos pase algo similar”, compartió Ivonne, comerciante.
A pesar de la frecuencia del delito, la mayoría de los afectados opta por no denunciar.
“En el este de la ciudad ya se empieza a ver afectados, en comercios como llanteros, empresas como en el bulevar 2000”, comentó José Carlos, comerciante.
Empresarios coinciden en que abrir carpetas de investigación y dar seguimiento a los casos es indispensable para combatir la extorsión y garantizar resultados. Comerciantes en baja california solicitan que este delito se castigue con penas similares a las del secuestro, considerando el daño directo que genera sobre la libertad y seguridad de las personas.
“Un castigo fuerte, como secuestro un castigo fuerte, que sientan y tratar de evitarlo, porque si le digo, va a hacer una afectación fuerte para el desarrollo económico del país de la ciudad”, mencionó José Carlos, comerciante
Mientras las denuncias sigan siendo escasas, la extorsión continuará operando en la sombra. Comerciantes locales exigen garantías reales para atreverse a denunciar y mayor respaldo de las autoridades para proteger sus negocios, su economía y su vida.
La responsabilidad recae en la Fiscalía General del Estado en Baja California a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, quienes deben iniciar acciones concretas para la inhibición del delito de extorsión.
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