El sistema penitenciario de Baja California enfrenta una crisis estructural. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California presenta una de las tasas más altas de personas encarceladas en el país, con 319.2 internos por cada 100 mil habitantes. Aunque la entidad no figura entre las que enfrentan una saturación crítica, los centros penitenciarios de Mexicali, Tijuana y Ensenada presentan deficiencias graves en servicios médicos, seguridad, espacios de rehabilitación y personal capacitado, según reportó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
Un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en abril de 2024 documentó las malas condiciones en los centros de reinserción social de la entidad, alertando sobre la falta de medicamentos, higiene inadecuada, insuficiencia de personal y riesgo constante de violencia.
Pese a contar con un Programa de Desarrollo Institucional 2022–2027, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) a cargo de José Gabriel Gálvez, no ha logrado implementar mejoras sustanciales en la operación de los centros penitenciarios. Este programa, disponible en el portal del gobierno estatal, plantea estrategias para reforzar la infraestructura y el personal, pero los resultados siguen siendo insuficientes.
Ante este panorama, la responsabilidad recae directamente sobre la CESISPE, quienes deben garantizar condiciones mínimas de dignidad y legalidad dentro de los penales. La omisión de atender estas carencias compromete no sólo los derechos de las personas privadas de la libertad, sino también la seguridad pública y la confianza en el sistema de justicia.
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